La Paradoja de un Gobierno que Incitó al Paro y Hoy Vive las Consecuencias del Caos que Generó
El gobierno de Gustavo Petro enfrenta una paradoja ineludible: después de años impulsando las movilizaciones como forma de presión, ahora se ve afectado por un país que utiliza los paros como respuesta inmediata a cualquier descontento. En la Costa Atlántica, los bloqueos de carreteras se han convertido en parte de la rutina, afectando rutas clave como la que conecta Valledupar con Barranquilla, un trayecto que ahora puede tomar hasta 12 horas debido a bloqueos constantes. Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en lo que va del año, se han registrado 501 bloqueos en las carreteras nacionales, acumulando pérdidas que superan los $1,73 billones debido a movilizaciones sociales, $6.400 millones por actos de piratería y $1,9 billones por problemas en la infraestructura vial.
El reciente paro de trabajadores de Drummond en La Guajira es un ejemplo del caos actual. Las demandas por mejores condiciones laborales y seguridad han frenado una de las mayores operaciones mineras del país, afectando no solo la región, sino también la economía nacional. Este paro no solo muestra la fragilidad del sistema actual, sino también el impacto directo en la producción y el suministro de minerales esenciales para la estabilidad energética del país.
La falta de una política que informe y socialice a la ciudadanía sobre los efectos de estos bloqueos, y que deje claro que obstruir vías es una conducta delictiva, ha dado lugar a una percepción de impunidad. Casos tan insólitos como el cierre de una carretera por una disputa en una comunidad sobre un gallo reflejan una falta de control que afecta tanto a la población como a la economía. El derecho a manifestarse es legítimo, pero no puede convertirse en una herramienta indiscriminada que ponga en jaque al país.
El presidente Petro, quien muestra incomodidad ante las protestas en su contra, enfrenta ahora las consecuencias de una práctica que alguna vez defendió. El costo de esta permisividad recae en las mismas comunidades que ven afectado su día a día por la falta de servicios, el encarecimiento de productos y la inestabilidad laboral.
Urge una postura clara del gobierno para restaurar el orden y educar a la comunidad sobre los efectos devastadores de los bloqueos continuos. Es fundamental fortalecer la gobernabilidad en el sector minero y laboral, garantizar condiciones justas de trabajo y aplicar sanciones cuando los paros se convierten en un obstáculo insostenible. Colombia necesita equilibrio y liderazgo firme para proteger el bienestar general sin que el país siga siendo rehén de paros indiscriminados.
