La Tasa de Seguridad en el Cesar: Un golpe inconstitucional y socialmente insostenible
La aprobación de la Tasa Especial de Seguridad en el Cesar, recaudada a través de las facturas de energía, y del empréstito por $315.700 millones destinado a infraestructura y seguridad, no solo evidencia desconexión con la realidad económica de la región, sino que plantea serias dudas jurídicas y sociales.
Un cuestionamiento jurídico y constitucional
La tasa, que grava a los estratos 4, 5 y 6 y al sector empresarial con porcentajes del 9% al 10%, vulnera los principios de equidad y progresividad tributaria establecidos en los artículos 338 y 363 de la Constitución. En una región donde la estratificación social no refleja la realidad económica, esta medida se convierte en un impuesto regresivo que afecta a familias y empresas que ya enfrentan altos costos.
Además, carece de transparencia. No hay claridad sobre el beneficio directo para los contribuyentes ni sobre la duración del recaudo, lo que abre la puerta a un control judicial por su posible inconstitucionalidad.
Impacto social y económico
La imposición de esta tasa ahoga aún más a una población y un sector privado que ya enfrentan serias dificultades económicas. Las empresas locales, base del empleo y el desarrollo, ven incrementados sus costos operativos, mientras los ciudadanos pierden confianza en un sistema percibido como politizado y clientelista.
Conclusión y propuestas
1. Revisión judicial de la tasa: Los ciudadanos y empresarios afectados deben activar el control contencioso administrativo para garantizar la justicia fiscal.
2. Transparencia y resultados: El gobierno debe detallar cómo se usarán los recursos y demostrar su impacto tangible.
3. Fortalecimiento del sector privado: Es urgente crear incentivos para las empresas locales y replantear la clasificación por estratos.
El Cesar necesita decisiones justas y transparentes que fomenten el desarrollo sin cargar desproporcionadamente a sus habitantes. La seguridad no puede ser una excusa para imponer medidas regresivas y desconectadas de la realidad.
Por: Cristian Torres
Abogado. Experto en Derecho Administrativo y Contratación Estatal. Máster en Contratación Pública y Privada.
