Denuncian ‘carrusel de contratación’ en remodelación de hospital en San Martín, Cesar: Contrato por $30 mil millones bajo lupa
Un contrato por 30 mil millones de pesos para la remodelación del hospital ESE Álvaro Ramírez González en San Martín, Cesar, se encuentra en el centro de una polémica por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de fondos públicos. Una investigación de La Silla Vacía reveló un supuesto “carrusel de contratación” que involucra a contratistas con vínculos políticos y procesos licitatorios cuestionados, en el marco de la inversión en infraestructura hospitalaria durante el gobierno de Gustavo Petro.
El contrato, adjudicado en 2024 al “Consorcio San Martín” (integrado por TGA Asociados y Carlos Olarte), es objeto de señalamientos por una licitación exprés, requisitos desproporcionados y perfiles laborales duplicados, lo que sugiere un favorecimiento al único oferente.
La interventoría, a cargo de un consorcio liderado por Sitelsa, también está bajo la lupa debido a sus vínculos directos con los contratistas, generando un evidente conflicto de interés. Se denuncia una relación estrecha entre Sitelsa y TGA Asociados, lo que compromete la independencia necesaria para supervisar el correcto uso de los recursos.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran:
* Licitación exprés: Plazos insuficientes para presentar ofertas, limitando la competencia.
* Requisitos desproporcionados: Exigencias que restringieron la participación de otros competidores.
* Perfiles laborales duplicados: Hojas de vida de profesionales con horarios laborales imposibles.
* Vínculos entre contratistas e interventores: Conflictos de interés que comprometen la transparencia.
* Anticipo elevado: Un 40% del valor del contrato entregado sin inicio de obra, aumentando el riesgo de malversación.
* Supervisión comprometida: Falta de declaración de conflicto de interés por parte del supervisor técnico.
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha solicitado controles preventivos a los entes de control sobre este y otros contratos. Sin embargo, la investigación apunta a que la delegación de la contratación a los hospitales, sin controles robustos, ha facilitado estas presuntas irregularidades. El caso de San Martín es parte de un patrón que pone en riesgo los 234 mil millones de pesos destinados a seis hospitales públicos, de un total de 1.2 billones asignados para infraestructura hospitalaria.
