Audiencia de la JEP en Valledupar: Un paso clave hacia la justicia restaurativa por “falsos positivos” del Batallón La Popa
Valledupar, Cesar, es el epicentro de una audiencia crucial llevada a cabo por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En este proceso, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad está verificando las condiciones judiciales y técnicas para imponer Sanciones Propias a 12 exmiembros del Batallón La Popa. Estos individuos han admitido su responsabilidad y han contribuido con la verdad sobre 135 asesinatos en Cesar y La Guajira, presentados falsamente como bajas en combate, un delito conocido como “falsos positivos”.
La audiencia, que se desarrolló entre el 24 y 25 de julio, es fundamental para la reparación de más de 200 víctimas acreditadas en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03. Según explicó el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, el objetivo principal es asegurar que los comparecientes hayan cumplido con sus compromisos, especialmente en lo que respecta a sus aportes de verdad.
Ramelli destacó la relevancia de realizar esta audiencia en la Costa Caribe, subrayando la colaboración con los consejos comunitarios afrocolombianos y las autoridades indígenas wiwa y kankuama. “Estamos trayendo justicia por crímenes atroces cometidos contra la población civil, que atropellaron de manera particular a estos pueblos, sus creencias, sus estilos de vida, sus proyectos”, afirmó el magistrado, enfatizando que las sanciones buscan restablecer los daños causados.
De manera paralela a la audiencia, una mesa de trabajo conformada por la JEP, entidades territoriales, gobiernos indígenas y otras instituciones ha estado trabajando en la definición de nueve proyectos restaurativos. Estos proyectos se materializarán una vez se conozca la sentencia, y la magistratura debe verificar su viabilidad, financiación y el compromiso de todas las entidades involucradas.
Esta audiencia marca un hito en Colombia, siendo la primera vez que se realiza un encuentro de esta naturaleza con la participación activa de las víctimas. El magistrado Ramelli recalcó que estas sentencias buscan ser tanto restaurativas como restrictivas de los derechos de los comparecientes.
Se espera que en 20 días hábiles, después de la audiencia, se dicte la primera sentencia de la JEP en este caso, un hecho sin precedentes en el país. Es importante señalar que si los comparecientes no cumplen con las sanciones establecidas por el tribunal, podrían enfrentar penas de prisión de entre 5 y 8 años.
