SIC ordena el cierre inmediato de Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía por “riesgos inminentes” de explosión e incendio
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de los reconocidos establecimientos Andrés Carne de Res en Chía y Andrés D.C. en Bogotá, tras detectar graves incumplimientos en las instalaciones eléctricas y de gas combustible que representan “riesgos inminentes” para la seguridad de consumidores, trabajadores y visitantes.
Cierre Inmediato por Riesgo a la Seguridad
La decisión, que se tomó el 21 de octubre de 2025, es una medida preventiva que suspende de inmediato toda actividad económica en las sedes, incluyendo el restaurante, bar, bailadero y espectáculos.
Según la SIC, las inspecciones realizadas en septiembre de 2025 revelaron deficiencias críticas que podrían derivar en un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación. Entre las fallas detectadas se encuentran:
- Ausencia de dispositivos de protección contra sobrecargas eléctricas.
- Falta de ventilación adecuada en zonas donde hay presencia de gas.
- Uniones sin protección en las instalaciones.
- Carencia de equipos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos (RETIE y Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible).
Respuesta de Andrés Carne de Res
La orden de cierre fue dirigida a la empresa Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de los establecimientos.
Ante la medida, la administración de Andrés Carne de Res emitió un pronunciamiento asegurando que han acatado todas las instrucciones de la SIC para mejorar los sistemas de seguridad.
“Hemos acatado todas las instrucciones de la SIC para mejorar los sistemas de seguridad del sistema eléctrico y de gas de nuestras instalaciones. Todas se han realizado a satisfacción y el día de hoy se radicará ante la autoridad el soporte de las mismas para que se pueda levantar la m1edida”, indicaron.
La Superintendencia recordó que el estricto cumplimiento de los reglamentos técnicos es esencial para garantizar la seguridad del consumidor y advirtió que el incumplimiento de las órdenes puede acarrear multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV). La empresa deberá presentar las pruebas de la corrección de las deficiencias para solicitar el levantamiento de la medida preventiva.
