ELN, disidencias de las Farc y AGC tercerizan acciones criminales a través de grupos delincuenciales en Pelaya y La Gloria
A través de la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 035 del 2023, la Defensoría del Pueblo identificó que el ELN, las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) han tercerizado algunas de sus operaciones con grupos delictivos en Pelaya y La Gloria, en el departamento del Cesar, lo que tiene en inminente riesgo a las comunidades de los dos municipios.
“Tercerizar las acciones con grupos delincuenciales degrada aún más el conflicto armado y pone en evidencia el nivel al que pueden llegar los grupos armados no legales para mantener, recuperar o buscar el control de los territorios y las economías ilegales”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Las tres estructuras al margen de la ley, que se enfrentan entre sí para consolidar su poder en la región, la cual se ha convertido en epicentro de sus acciones, advierte la ATI emitida por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, han puesto en movimiento sus fichas en el territorio para contener a sus adversarios armados y darles continuidad a sus estrategias de dominio territorial, lo cual ha generado homicidios selectivos, algunos relacionados con el exterminio social y cobros ilegales.
A ello se suma la apuesta de esos grupos armados por copar los corredores de movilidad y realizar control social para ampliar sus fuentes de financiación y hacer cobros extorsivos, tal como ha venido ocurriendo. La guerrilla del ELN busca mantener su hegemonía en esa zona del departamento.
A los ya expuestos riesgos se debe añadir la problemática derivada de la apropiación que han venido haciendo personas de predios urbanos y rurales en Pelaya y La Gloria, situación aprovechada por los grupos armados, los cuales respaldan esas usurpaciones para ganar apoyo en las comunidades.
“Ante los riesgos de vulneración de derechos, desde la Defensoría del Pueblo emitimos 15 recomendaciones para que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos territoriales actúen de inmediato y así eviten el incremento de la violencia, que está afectando a la población civil”, puntualizó el Defensor del Pueblo.