El detrimento de $3.000 millones que investiga la Fiscalía en La Casa en el Aire
La Fiscalía estableció que el Consorcio Broes Construcciones, contratado para la construcción del parque ‘Casa en el Aire’ en Valledupar habría presentado las obras por un mayor valor y cantidades al Municipio, las cuales este pagó generando un detrimento al ente territorial por más de 3.000 millones de pesos.
El caso tiene ante la justicia al exalcalde Augusto Ramírez Uhía, a los exsecretarios de Obras Juan Pablo Morón y Jorge Armando Maestre, al exsecretario General José Juan Lechuga, a los contratistas Jorge Mario Peña y Johana Patricia Vergara, así como al interventor Carlos Lozada, enfrentando cargos por peculado por apropiación agravado y contrato sin el lleno de los requisitos legales.
De acuerdo con la investigación, Augusto Ramírez en 2018, en calidad de alcalde, delegó al entonces secretario General, José Juan Lechuga para la suscripción del contrato para la construcción de la primera etapa del ‘parque Casa en el Aire’, por un valor inicial de 6 mil 398 millones de pesos, adjudicado al Consorcio Broes Construcciones, con representación legal para esa fecha de Johana Patricia Vergara, y la supervisión del secretario de Obras, Juan Pablo Morón.
El grupo de delitos contra la administración pública de la Fiscalía estableció que, durante la etapa precontractual, se omitió obtener la licencia de construcción, lo que generó un desplazamiento del lugar de levantamiento de la cimentación de la obra y como consecuencia, la suspensión en tres oportunidades y que surgiera la necesidad de hacer una adición al contrato de 2 mil 897 millones de pesos, para un total de 9 mil 295 millones.
En el desarrollo de la misma, para los cobros realizados por el nuevo representante legal del Consorcio Broes Construcciones, Jorge Mario Peña, fueron autorizados sus pagos tanto por el interventor, Carlos Andrés Lozada como por los supervisores Juan Pablo Morón y Jorge Armando Maestre.
“Hasta el momento, se ha cancelado al contratista más de 8 mil 357 millones de pesos, lo que equivale al 89% del costo de la obra. Sin embargo, se estableció que el contratista ha presentado al Municipio la ejecución de unas cantidades de obras con mayor valor y mayores cantidades. El da cuenta que el municipio ha cancelado de más $ 3 mil 12 millones de pesos, constituyéndose en un detrimento en desfavor del Municipio en calidad del contratante, y aun así la obra sigue inconclusa”, indicó la Fiscalía
