Víctimas piden máxima pena para el coronel (r) Mejía en el primer juicio de la JEP por falsos positivos
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se enfrenta a un caso histórico. El coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón La Popa en Valledupar, ha negado su responsabilidad en la ejecución de 135 “falsos positivos” ocurridos entre 2002 y 2005. Esta postura lo ha llevado al primer juicio adversarial del tribunal, un modelo diseñado para quienes se niegan a aportar a la verdad y que podría resultar en una condena de hasta 20 años de prisión.
A diferencia de otros 12 militares retirados del mismo batallón que sí reconocieron su participación en las ejecuciones extrajudiciales, Mejía se defendió ante los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. “No acepto los cargos, honorables magistrados”, afirmó, insistiendo en su inocencia y en la pérdida de su carrera, su libertad y su honor a lo largo de diez años de detención preventiva.
Sin embargo, el teniente coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, subalterno de Mejía y uno de los militares que aceptaron su responsabilidad, firmó un acta de verdad en la que implicó directamente al excomandante en los hechos. La Fiscalía de la JEP, por su parte, acusa a Mejía de haber ideado, creado y dirigido un “aparato criminal” en el Batallón La Popa para cometer al menos 72 homicidios y 40 desapariciones, incentivando a sus subalternos a “presentar resultados” incluso si eso significaba asesinar civiles y hacerlos pasar por guerrilleros.
La defensa del coronel (r) Mejía ha intentado desvirtuar los testimonios de los militares que reconocieron su responsabilidad y ha argumentado que la estructura criminal ya operaba en el batallón antes de la llegada de Mejía. No obstante, las víctimas han expresado su descontento con la postura del excomandante. Dayris Johana Álvarez, cuyo padre fue presentado falsamente como guerrillero, relató ante el tribunal la angustia de encontrar el cuerpo de su padre con un uniforme y botas nuevas, evidenciando la farsa. Las víctimas han solicitado a la JEP que aplique la pena máxima de 20 años contra Mejía.
Una vez concluyan los alegatos de conclusión, la JEP tendrá hasta 60 días hábiles para emitir un fallo. Este veredicto no solo será crucial para las víctimas y para la familia de Mejía, sino que también sentará un precedente para el sistema de justicia transicional en Colombia, demostrando la efectividad del modelo adversarial en casos donde los altos mandos militares no reconocen su responsabilidad en crímenes sistemáticos.
