Última hora: CTI de la Fiscalía habría adelantado diligencia en la Universidad Popular del Cesar por polémica elección de rector
En la tarde de este viernes, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación habrían realizado una diligencia en las instalaciones de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en Valledupar, con el objetivo de recopilar información y elementos relacionados con las denuncias que rodean el proceso de elección del rector Guillermo Andrés Echavarría Gil.
La información fue revelada por el periodista Jacobo Solano a través de su cuenta en la red social X, quien aseguró que los investigadores llegaron desde Bogotá y estarían buscando pruebas dentro de una investigación que involucraría al exrector Robert Romero Ramírez, a Juliana Guerrero y al actual rector suspendido Guillermo Echavarría Gil, por presuntas irregularidades en el proceso de designación.
El caso tomó fuerza luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el nombramiento de Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2026-2030. La Sección Quinta del alto tribunal ordenó dejar sin efectos temporalmente el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026, al considerar preliminarmente que el elegido no acreditaba uno de los requisitos exigidos para ocupar el cargo: la experiencia mínima en educación superior.
La controversia se centró en la acreditación de la experiencia académica presentada durante el proceso de selección. Según la decisión judicial, al momento de la inscripción no se habría demostrado el cumplimiento de los cinco años de experiencia exigidos por los estatutos de la institución, situación que abrió un debate jurídico sobre la validez de la elección.
La elección de Echavarría generó cuestionamientos dentro y fuera de la universidad, especialmente por la rapidez con la que se desarrolló la sesión del Consejo Superior Universitario en la que fue escogido, hecho que fue señalado por sectores críticos del proceso como una decisión tomada en medio de controversias.
Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de la Fiscalía General de la Nación sobre la diligencia del CTI ni sobre los alcances de la investigación. La actuación judicial se suma a la tensión institucional que atraviesa la Universidad Popular del Cesar mientras avanza el proceso ante el Consejo de Estado que definirá el futuro de la elección rectoral.
