Tres Años de Gobierno Petro: Un Balance Nacional con Profundo Eco en el Cesar
Introducción: El “Gobierno del Cambio” a Tres Años y su Huella en el Cesar
Al cumplirse tres años de la administración del Presidente Gustavo Petro, el país observa un periodo marcado por ambiciosas reformas y una redefinición de las prioridades estatales. El gobierno ha presentado un balance que destaca logros en diversos frentes, desde la economía hasta las políticas sociales y la diplomacia. Sin embargo, este camino también ha estado jalonado por persistentes desafíos y críticas significativas.
Este informe se adentra en cómo estas políticas nacionales han resonado y se han materializado en el departamento del Cesar, una región con sus propias dinámicas históricas y necesidades apremiantes. Se analizarán los avances específicos, los obstáculos encontrados y las diversas voces que, desde el territorio, evalúan la gestión del “Gobierno del Cambio” en este departamento clave del Caribe colombiano.
I. El Panorama Nacional: Avances y Desafíos del “Gobierno del Cambio”
Logros Destacados del Gobierno Petro
El gobierno del Presidente Petro ha puesto en relieve varios frentes de su gestión. En el ámbito económico, se ha celebrado el notable crecimiento del sector agropecuario, que en 2024 alcanzó un 10.4%, una cifra que el mandatario calificó de “tasa de crecimiento china”. Este impulso, según el gobierno, se fundamenta en el respaldo técnico, la entrega de maquinaria, la facilitación de créditos y la formalización de tierras. En línea con esto, el Banco Agrario ha desembolsado $33 billones, un aumento del 68% respecto al gobierno anterior, y el crédito popular ha crecido un 263%, fortaleciendo a pequeños productores rurales y ampliando el acceso financiero a comunidades previamente excluidas.
En el frente social, el gobierno ha reiterado haber logrado una reducción significativa de la pobreza monetaria y extrema, afirmando que “ningún gobierno ha bajado tanto la pobreza monetaria”. Se ha reportado una disminución del 50% en las muertes de niños por desnutrición aguda, y una reducción del 31% en la mortalidad infantil y 40% en la mortalidad materna. En educación, se han creado 190 mil nuevos cupos en educación superior pública, y el presupuesto educativo ha aumentado un 59% respecto a 2022, pasando de $49.8 billones a $79.2 billones, buscando cerrar brechas históricas en regiones excluidas.
Legislativamente, se aprobaron la reforma laboral, que restablece derechos como recargos nocturnos desde las 7 p.m. y recargos dominicales graduales hasta el 100%, e introduce contratos más dignos y protecciones laborales. La reforma pensional también fue aprobada, con el objetivo de asegurar pensiones dignas para millones de colombianos y reforzar la equidad y sostenibilidad del sistema público. En cuanto a la reforma agraria, se han formalizado 1.5 millones de hectáreas, de las cuales 401,345 hectáreas fueron adquiridas a precios comerciales, lo que se presenta como un avance en el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la democratización del acceso a la tierra.
En materia de seguridad, el Ministerio de Defensa presentó un balance que incluye 582,256 capturas realizadas por la Policía Nacional en el trienio, un incremento del 7% en el pie de fuerza con 26,921 nuevos efectivos, y aumentos significativos en la incautación de cocaína (64%), heroína (40%) y pasta base de coca (46%). También se destacó un aumento del 587% en los sometimientos voluntarios de personas vinculadas a grupos armados ilegales.
Retos y Críticas Persistentes
A pesar de los logros presentados, el gobierno Petro enfrenta importantes desafíos y críticas. La reducción de la pobreza monetaria, si bien celebrada por el gobierno, es analizada con matices por expertos. Se señala que la disminución de la pobreza rara vez es atribuible a una única causa, y que el crecimiento económico y el control de la inflación son los principales motores, explicando hasta el 80% de las reducciones, mientras que las transferencias estatales han contribuido en menor medida. Esto sugiere que la atribución exclusiva del éxito al gobierno podría ser parcial, y que factores macroeconómicos más amplios juegan un papel crucial.
La política de “Paz Total” ha sido objeto de duras críticas. El expresidente César Gaviria ha advertido sobre un “desorden institucional”, un deterioro sostenido en indicadores de violencia como homicidios, desplazamiento forzado y confinamiento, y una pérdida de capacidad operativa y control territorial por parte del Estado. Las cifras nacionales reflejan que la extorsión aumentó un 17% en el primer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023, y las personas desplazadas se incrementaron un 29%, mientras que las confinadas lo hicieron en un 137%. La discrepancia entre las cifras de capturas y decomisos presentadas por el Ministerio de Defensa y la percepción de un aumento de la violencia en el territorio sugiere que, si bien se logran éxitos tácticos, la estrategia general podría no estar abordando eficazmente las causas profundas de la inseguridad o estar siendo socavada por su implementación, lo que se traduce en un complejo y potencialmente deteriorado panorama de seguridad rural.
El sistema de salud atraviesa una “grave crisis por la desfinanciación”. La transformación del modelo del Fondo del Magisterio (FOMAG) se describe como desorganizada y sin planeación adecuada, lo que generó caos para los maestros y desencadenó protestas en varias ciudades. El gremio de las EPS, ACEMI, reporta una deuda del gobierno de $13.9 billones a 2024, lo que ha provocado un efecto dominó de deudas a clínicas, hospitales y operadores farmacéuticos, resultando en retrasos en la entrega de medicamentos vitales. Las tutelas para solicitar servicios al sistema aumentaron un 70% en 2024, y en 2025 ya superan las 302,000.
En el ámbito económico y fiscal, el déficit fiscal para 2025 podría aproximarse al 8%. La política de transición energética, que incluye la eliminación de subsidios al diésel y una relación tensa con las empresas del sector, ha paralizado proyectos de energía limpia. La industria manufacturera experimentó una caída del -3.6% entre mayo de 2023 y mayo de 2024. Aunque el gobierno atribuye parte de este resultado a la crisis de la construcción de vivienda y las altas tasas de interés, sus propias decisiones han impactado negativamente el sector de la vivienda, implicando una corresponsabilidad en la desaceleración industrial.
II. El Cesar: Un Departamento en el Centro de las Políticas Nacionales
El departamento del Cesar, con su particular geografía y dinámicas sociales, ha sido un punto focal para varias de las políticas del gobierno Petro.
Reforma Agraria y Tierras: Entre la Promesa y la Realidad Local
El gobierno Petro ha puesto un énfasis particular en la entrega de tierras en el Cesar. Se ha anunciado la reglamentación de 8,200 hectáreas en defensa del campesinado. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha reportado la entrega de 28,323 hectáreas a campesinos y comunidades étnicas en el departamento durante los tres años de gestión. Además, el presidente Petro ha entregado 1,919 hectáreas de tierra a campesinos del sur del Cesar, un proceso que evitó su reversión judicial a un exnarco.
La Gobernación del Cesar, por su parte, ha expresado agradecimiento por la entrega de 7,244 hectáreas a familias víctimas de la violencia en Chimichagua, lo que se suma a un total de 22,000 hectáreas entregadas a la población campesina en el departamento, un logro que el presidente ha calificado como fundamental y una señal de cambio.
A pesar de estas cifras significativas de hectáreas entregadas, la implementación de la reforma agraria en el Cesar enfrenta importantes desafíos. La diputada Claudia Margarita Zuleta ha denunciado lo que describe como “entregas simbólicas” de tierras, la falta de seguridad jurídica para los campesinos beneficiarios, y el riesgo de generar “nuevas violencias” debido a la invasión de predios sin el debido saneamiento de títulos.
Esto, según la diputada, se convierte en un “semillero de violencias y de incumplimientos”. La preocupación se extiende a la ausencia de proyectos productivos que acompañen la entrega de estas tierras, lo que limita la capacidad de los campesinos para generar ingresos y desarrollo sostenible, relegando la reforma a “quedar en papel”.
La disparidad entre el volumen de tierras entregadas y las preocupaciones sobre la seguridad jurídica y la capacidad productiva de esas tierras es un punto crítico. Esto sugiere que, si bien hay un enfoque claro en la redistribución de la tierra, los desafíos en la implementación a nivel local, como la falta de claridad en los títulos de propiedad y el apoyo productivo, pueden estar generando nuevos conflictos sociales en lugar de resolver los existentes. La efectividad de la reforma agraria no se mide solo por las hectáreas entregadas, sino por la sostenibilidad y el bienestar que estas generan para las comunidades.
A continuación, se presenta un resumen de los avances en la reforma agraria y tierras en el Cesar:
Tabla 1: Avances en Reforma Agraria y Tierras en el Cesar (2022-2025)
Inversión en Infraestructura y Programas Sociales: Un Impulso con Impacto Directo
El Cesar ha sido beneficiario de inversiones significativas en infraestructura y programas sociales. El Gobierno Nacional, en un convenio con la Gobernación del Cesar, ha oficializado su participación en la construcción de 64 kilómetros de vías rurales en seis municipios del departamento, con una inversión de $94,683 millones. Estas vías se suman a los 327 kilómetros ya en marcha por el gobierno local, con el objetivo de potenciar la riqueza agrícola, pesquera y ganadera, así como mejorar el acceso a servicios básicos como salud y educación.
Prosperidad Social, una entidad del gobierno nacional, ha reportado la entrega de 311 obras de infraestructura social y comunitaria a nivel nacional. En el Cesar, esta entidad ha tenido un impacto directo: más de 42 mil personas mayores reciben pagos del programa “Colombia Mayor”.
Además, 172 negocios de la Economía Popular han sido beneficiados con una inversión de $860 millones. Se han anunciado 7 puntos de abastecimiento solidario y 2 vías en Media Luna y Pueblo Bello, con una inversión estimada de $32,771 millones. En total, más de 276 mil hogares en el Cesar se beneficiaron de programas de Prosperidad Social en 2024.
Un indicador relevante de la capacidad de gestión local en el Cesar es su primer lugar en Colombia en la medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), con un 92.20%, superando a departamentos como Bogotá y Norte de Santander. Esta alta calificación se ve reflejada en la inversión nacional en proyectos PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) para el Cesar entre 2022 y 2025, financiada principalmente a través del Sistema General de Regalías (SGR).
Estos proyectos suman miles de millones de pesos y abarcan áreas como la reactivación económica agropecuaria y la conservación ambiental en municipios como La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, Becerril, San Diego, La Paz y Valledupar. La capacidad del Cesar para gestionar eficazmente estos recursos y proyectos sugiere una fortaleza en la gobernanza local y una alineación estratégica con los objetivos de desarrollo nacionales, lo que contrasta con las críticas generales de “desorden institucional” a nivel nacional y demuestra focos de colaboración y ejecución efectiva en el ámbito regional.
A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos de la inversión en proyectos PDET en el Cesar:
Tabla 2: Inversión en Proyectos PDET en el Cesar (Ejemplos representativos 2021-2024)
Situación Socioeconómica: Desafíos en la Reducción de la Pobreza Local
Mientras que a nivel nacional la pobreza monetaria disminuyó del 36.6% en 2022 al 33.0% en 2023, la situación en Valledupar, la capital del Cesar, presenta una tendencia preocupante y contraria. La incidencia de pobreza monetaria en Valledupar aumentó en 1.3 puntos porcentuales, alcanzando el 49.8% en 2023, lo que la posiciona como la segunda ciudad con mayor incidencia de pobreza después de Quibdó. La pobreza monetaria extrema en Valledupar también experimentó un incremento de 2.1 puntos porcentuales, llegando al 18.0% en 2023.
Esta divergencia entre la tendencia nacional y la situación de Valledupar es un hallazgo crucial. Sugiere que las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, aunque efectivas en otras áreas, podrían no estar abordando adecuadamente las vulnerabilidades económicas y sociales específicas en la capital del Cesar, o que factores locales están exacerbando la situación. Esto podría indicar la necesidad de intervenciones más focalizadas en los centros urbanos del departamento, donde la calidad del empleo y la informalidad son desafíos persistentes a nivel nacional (el 86% de los empleos creados en diciembre de 2024 fueron de trabajadores por cuenta propia, con un aumento de la informalidad al 56.8%). Aunque no se encontraron cifras específicas de desempleo para el Cesar en los años 2022-2025 en la información disponible, el crecimiento del sector agropecuario nacional del 7.1% en el primer trimestre de 2025 podría tener un impacto positivo en las zonas rurales del departamento.
A continuación, se presenta una comparación de la incidencia de pobreza monetaria en Valledupar frente al promedio nacional:
Tabla 3: Incidencia de Pobreza Monetaria en Valledupar vs. Promedio Nacional (2022-2023)
Seguridad: Un Reto Persistente en un Territorio Histórico de Conflicto
El Cesar ha sido históricamente uno de los departamentos más afectados por la violencia en Colombia. Según la Comisión de la Verdad, el Cesar registra 16,728 víctimas de homicidio (3.7% del total nacional) y 3,353 víctimas de desaparición forzada (7% del total nacional). Esta carga histórica hace que la situación actual de seguridad sea de particular interés para el departamento.
Las críticas nacionales a la política de “Paz Total” por el “desorden institucional” y el deterioro de la seguridad en zonas rurales son especialmente relevantes para el Cesar. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional en aumentar el pie de fuerza y las incautaciones de drogas, la persistencia de la violencia es palpable.
Indepaz, por ejemplo, registró una masacre en Valledupar en agosto de 2024 con 5 víctimas. El aumento de la extorsión a nivel nacional, con un incremento del 17% en el primer trimestre de 2024, sugiere que este delito sigue siendo un desafío crucial en el departamento, afectando a la población y a los microemprendedores.
La vulnerabilidad histórica del Cesar a la violencia, combinada con las críticas a la “Paz Total” por el deterioro de la seguridad rural, posiciona al departamento como un caso de estudio crítico para las estrategias de paz y seguridad del gobierno. La continuidad de los conflictos y la criminalidad organizada en la región, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, indica que los factores subyacentes del conflicto persisten o se están adaptando, lo que hace del Cesar un barómetro clave para el éxito o el fracaso de estas políticas a largo plazo.
III. Voces desde el Territorio: Autoridades y Ciudadanía en el Cesar
La evaluación de la gestión del gobierno nacional en el Cesar se construye a partir de diversas perspectivas de las autoridades locales y la ciudadanía.
Reacciones de la Gobernación del Cesar
La Gobernación del Cesar ha mostrado una postura de colaboración y agradecimiento hacia el gobierno nacional en ciertos aspectos. En particular, la Gobernación expresó su gratitud al presidente Petro por la entrega de 7,244 hectáreas a familias víctimas de la violencia en Chimichagua, reconociendo que esta acción “contribuye a la productividad agrícola y la justicia social en la región”.
Este reconocimiento subraya la importancia de la reforma agraria para el departamento. Asimismo, la Gobernación ha destacado la colaboración en el Plan Vial Departamental, un proyecto ambicioso que busca alcanzar los 1,000 kilómetros de vías construidas, facilitando la conexión y el desarrollo rural.
Críticas y Preocupaciones de Líderes Locales y Gremios
No obstante, la visión desde el territorio no es unánime. La diputada Claudia Margarita Zuleta ha sido una voz crítica, señalando que las “entregas simbólicas” de tierras sin la debida titulación y saneamiento legal pueden generar “nuevas violencias” y un “semillero de incumplimientos”.
Ha instado a la Agencia Nacional de Tierras a agilizar la compra y retitulación para garantizar la seguridad jurídica de los campesinos beneficiarios. La diputada también ha expresado su preocupación por la invasión de predios privados por parte de supuestas comunidades campesinas, un fenómeno que podría desencadenar conflictos sociales.
La preocupación se extiende a la ausencia de proyectos productivos que acompañen la entrega de tierras. El alcalde de Chimichagua, por ejemplo, ha solicitado inversión en este tipo de proyectos y la creación de un centro agroindustrial para procesar la producción campesina.
Esta falta de acompañamiento productivo limita la capacidad de los campesinos para generar ingresos y desarrollo sostenible, lo que podría hacer que la reforma agraria quede “en papel” para muchos beneficiarios.
Las opiniones contrastantes entre la Gobernación y la diputada del Cesar sobre la implementación de la reforma agraria revelan una tensión política interna en el departamento respecto a la efectividad y los resultados prácticos de las políticas nacionales. Esto sugiere que los anuncios oficiales de éxito pueden ocultar desafíos significativos en el terreno y desacuerdos locales sobre el camino a seguir.
Aunque no se mencionan críticas directas de gremios empresariales del Cesar sobre la política de “Paz Total” en los documentos, las preocupaciones nacionales expresadas por figuras como el expresidente César Gaviria sobre el aumento de la extorsión y la falta de control territorial son altamente pertinentes para un departamento con la historia de conflicto del Cesar.
La percepción de una estrategia de seguridad “ambigua, desarticulada y desconectada de las realidades territoriales” resuena en regiones donde la presencia de grupos armados ilegales y la criminalidad organizada siguen siendo un desafío latente.
IV. Conclusiones: Un Balance Complejo y el Camino a Seguir para el Cesar
El balance de los tres años de gobierno del Presidente Gustavo Petro en el departamento del Cesar es, en definitiva, complejo y multifacético. Por un lado, el gobierno ha demostrado un compromiso tangible con la región a través de la reforma agraria, evidenciado en la reglamentación y entrega de decenas de miles de hectáreas a campesinos y víctimas del conflicto.
La inversión en infraestructura vial, con la construcción de nuevos kilómetros de vías rurales, y el despliegue de programas sociales de Prosperidad Social, que han beneficiado a cientos de miles de hogares, también marcan un impulso significativo en el desarrollo rural y social.
La destacada gestión del Cesar en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) y la cuantiosa inversión nacional en proyectos PDET demuestran una capacidad local de ejecución que ha permitido la materialización de importantes iniciativas.
Sin embargo, la efectividad de estas políticas se ve empañada por desafíos estructurales persistentes y la emergencia de nuevas problemáticas. Las “entregas simbólicas” de tierras sin la debida seguridad jurídica y la falta de acompañamiento con proyectos productivos han generado preocupaciones significativas entre líderes locales, quienes advierten sobre la posibilidad de nuevas violencias y el incumplimiento de las expectativas generadas.
Un dato particularmente preocupante es el aumento de la pobreza monetaria y extrema en Valledupar, la capital del Cesar, una tendencia que contrasta con la reducción observada a nivel nacional. Esto sugiere que las estrategias generales de reducción de la pobreza podrían no estar llegando eficazmente a los centros urbanos del departamento, o que factores económicos locales están exacerbando la vulnerabilidad.
La seguridad sigue siendo un reto fundamental en el Cesar, un departamento históricamente golpeado por la violencia. A pesar de los esfuerzos nacionales en la lucha contra el crimen organizado, las críticas a la política de “Paz Total” por el deterioro de la seguridad rural y el aumento de delitos como la extorsión a nivel nacional 5 son de gran relevancia para el Cesar, donde la persistencia de la criminalidad impacta directamente la vida de sus habitantes.
Para el resto de su mandato, será crucial que el gobierno nacional no solo mantenga el ritmo de inversión en el Cesar, sino que también atienda de manera prioritaria las críticas sobre la calidad de la implementación de sus políticas.
Esto implica asegurar la seguridad jurídica plena de las tierras entregadas, garantizar el acompañamiento técnico y financiero para la puesta en marcha de proyectos productivos sostenibles, y diseñar intervenciones específicas para abordar el aumento de la pobreza en las zonas urbanas. La “Paz Total” y la reforma agraria, pilares fundamentales de esta administración, enfrentan su prueba de fuego en territorios como el Cesar, donde su éxito o fracaso tendrá repercusiones directas y profundas en la vida de miles de ciudadanos.
