Sobrecostos por más de $300 millones en contrato que tiene ante la justicia al exalcalde ‘Tuto’ Uhía

Más detalles reveló la Fiscalía sobre las presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios suscrito por la alcaldía de Valledupar, durante el mandato de Augusto Ramírez ‘Tuto’ Uhía, con la Corporación de Desarrollo Social ‘Creciendo’. Por un valor de 592 millones 375 mil pesos.

Tras ser capturado y presentado ante un juez con funciones de control de garantías, el exalcalde Augusto Ramírez, deberá responder como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales y falsedad en documento privado.

El organismo de investigación indicó que se prestaron sobrecostos en la contratación de profesionales y alquiler de equipos por más de 300 millones de pesos.

Se trata del contrato No 1244-2019, que tenía como objeto la formación de estudiantes de grado 11, a fin de fortalecer la orientación vocacional profesional y técnicas para un mejor desempeño en entrevistas de admisión en las instituciones de educación superior en el país y el municipio de Valledupar.

Según la investigación, durante la ejecución de dicho contrato, se pudo determinar que existió sobrecostos en el pago de algunos servicios profesionales y en el alquiler de computadores portátiles, video beams, amplificadores de sonido y micrófonos, y en la adquisición de pendones, los cuales debían ser usados durante las charlas a los estudiantes.

Particularmente, la adquisición de servicios de alquiler, se hizo con la empresa Sistemas Integrados del Cesar, propiedad de Carlos Alberto González, quien fue subcontratado para ejecutar el proyecto. La Fiscalía también reveló que esa empresa tenía la matricula cancelada desde 2015, es decir, que no existía para la fecha de la negociación.

En otro de los ítems del pliego de condiciones, se dijo que el contratista debía adquirir el servicio de 320 profesionales especializados en Humanidades y desarrollo humano, y de Comunicación social y periodismo para cubrir 80 grupos de estudiantes; sin embargo, fueron contratados solo cuatro personas a quienes presuntamente le cancelaron 80 horas de trabajo cada uno por valor de 62 millones de pesos y las capacitaciones fueron dictados por los auxiliares logísticos y administrativos dirigidos por dos coordinadores. El pago de los auxiliares resultó en igual medida, irregular, por cuanto no todos laboraron, algunos se les canceló menos de lo debido y otros más de lo debido.

“De un total de aparente 320 horas de trabajo se cancelaron 248 millones de pesos, cuando el acuerdo contractual era el presupuesto del pago a profesionales debía distribuirse en 320 personas; no obstante, el pago se dividió en tan solo cuatro personas”, precisó el fiscal del caso.

En otro punto contractual, se realizó arriendo de vehículos para el transporte de los auxiliares, del cual se destaca, que un tercero, extraño al sub contratista Carlos Alberto González, arrendó los automotores para tal fin, en el que se incluyó su propio vehículo.

Todas las maniobras realizadas para lograr el pago de la administración municipal, quedó plasmado en documentación que fue presentada como soporte en el informe final, logrando así el pago del valor del contrato, menos las deducciones, en un total de $570 millones 78 mil 242 pesos, por lo que funcionarios del Municipio habrían permitido que el particular se apropiara de $376 millones 766 mil pesos, cuando de todo lo ejecutado, el valor real a cancelar sería de tan solo $193 millones 312 mil pesos.