Padres que ‘presten’ a sus hijos para mendicidad podrían pagar hasta 30 años de cárcel

Ante el incremento del uso de menores para la mendicidad en Valledupar, las autoridades reforzaron los operativos, a fin no solo de retirar a los niños que se encuentran ejerciendo esa actividad en las calles, sino para capturar y judicializar a los adultos que los induzcan a este tipo de explotación.
De acuerdo con la Ley 2168 de 2021, los responsables de la mendicidad, explotación o tráfico de menores podrían pagar hasta 30 años de cárcel, además que aumentan las penas si se incita a los niños a las drogas.
“Cuando los delitos de tráfico y trata de personas sean cometidos o facilitados por uno o ambos progenitores del niño, niña o adolescente, o por quien o quienes lo tengan bajo su custodia o cuidado, con fines de mendicidad ajena o cualquier otro fin de explotación, dará lugar a la terminación de la patria potestad por emancipación judicial, respecto del padre o madre responsable de la conducta punible tipificada en los artículos referidos”, explica la norma.
Según la Fiscalía, el uso de menores para pedir limosna u obligarlos a obtener dinero en semáforos y establecimientos públicos es una modalidad que está tomando fuerza en esta capital.
Recientemente 23 menores fueran rescatados de las calles, pidiendo limosnas en las intersecciones semafóricas y otros sectores de la ciudad, en un operativo con la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia.
“Lastimosamente debido a la problemática social, estamos observando que algunos padres están instrumentalizando a sus hijos para pedir dinero; es decir, para llevarlos a semáforos donde los obligan a que a todo el que pase por ahí le pidan dinero, incluso obligándolos a que cumplan una cuota diaria”, precisó el director de Fiscalía en Cesar, Andrés Palencia.
Sostuvo que “recientemente dimos un golpe importante de dos padres que estaban instrumentalizando a sus hijos menores, y le imponían una cuota diaria que cuando no la cumplían eran sometidos a maltratos físicos y sicológicos; nos preocupa esta situación y de ahí que estamos trabajando articuladamente con entidades como el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia para contrarrestar este fenómeno”.
Indicó que “el alquiler de niños es una modalidad de explotación de menores que encontramos, donde en efecto algunos padres terminan prestando sus hijos a personas cercanas, amigos o familiares, para que estos puedan estar en un sitio, y acudir a la caridad de las personas, para que les den dinero; el llamado a la ciudadanía es no fomentar esta práctica, para evitar que los niños sigan siendo instrumentalizados”, puntualizó.