Juzgado Ordena a Millenium Sistems Devolver Utilidades de Tránsito a Codazzi
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar ha emitido un fallo trascendental que representa una victoria para el patrimonio público del municipio de Agustín Codazzi. En respuesta a una acción popular interpuesta por ciudadanos, el despacho judicial declaró parcialmente fundadas las pretensiones contra la sociedad de economía mixta conformada por el municipio y Millennium Sistems, empresa que administró el tránsito local desde 2014.
El fallo más relevante ordena al socio privado, Millennium Sistems, transferir al municipio de Agustín Codazzi todas las utilidades netas generadas a partir del año 2020 y las subsiguientes vigencias. La empresa deberá acreditar el traslado de estas utilidades acumuladas en un plazo de 15 días una vez que la sentencia quede en firme.
Esta decisión judicial da la razón al actual equipo de gobierno, liderado por el alcalde Hernán Baquero, que en septiembre de este año ya había decidido liquidar de forma unilateral la sociedad Millennium Sistems SAS, precisamente por el incumplimiento en el pago de las utilidades al ente territorial.
El Juzgado fundamentó su determinación en informes de auditoría que evidenciaron graves irregularidades, incluyendo:
* Irregularidades contables y ausencia de inventarios físicos.
* Pagos sin los debidos soportes.
* Incumplimientos tributarios.
* La crítica falta de traslado de utilidades al municipio.
De acuerdo con el proceso, quedó demostrado que la actuación de la sociedad mixta atentó contra el patrimonio público como derecho colectivo. Esta “sociedad leonina”, como fue calificada, generaba un menoscabo económico al municipio que ahora, gracias a la acción popular, deberá ser subsanado.
Aunque el juez concluyó que no se probaron conductas dolosas por parte de funcionarios públicos –por lo que la pretensión de moralidad administrativa no prosperó–, la orden de pago de las utilidades representa un significativo rescate de recursos para el municipio de Codazzi, fortaleciendo sus finanzas y ratificando la importancia de la vigilancia ciudadana sobre la gestión pública.
El despacho también ordenó remitir copia de la sentencia a la Defensoría del Pueblo para el registro en el Sistema de Información de Acciones Populares y de Grupo.
