Fiscalía pide casa por cárcel para el exalcalde ‘Tuto’ Uhía
La Fiscalía solicitó cobijar con medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria, al exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez ‘Tuto’ Uhía, por su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación, contratación sin el lleno de requisitos legales y falsedad en documento privado, proceso en el que también están implicados los exsecretarios General, José Juan Lechuga, y de Educación, Luis Carlos Matute, por la ejecución irregular de un contrato por más de 592 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, en la ejecución del contrato No 1244-2019, suscrito por la alcaldía de Valledupar, en el mandato de Augusto Ramírez, con la Corporación de Desarrollo Social ‘Creciendo’, para la formación de estudiantes de grado 11, a fin de fortalecer la orientación vocacional profesional y técnicas para un mejor desempeño de entrevistas de admisión en las instituciones de educación superior del país, se registraron sobrecostos en la contratación de profesionales y alquiler de equipos.
La Fiscalía indicó que, durante la ejecución de dicho contrato, se pudo determinar que existió sobrecostos en el pago de algunos servicios profesionales y en el alquiler de computadores portátiles, video beams, amplificadores de sonido y micrófonos, y en la adquisición de pendones, los cuales debían ser usados durante las charlas a los estudiantes.
Particularmente, la adquisición de servicios de alquiler, se hizo con la empresa Sistemas Integrados del Cesar, propiedad de Carlos Alberto González, quien fue subcontratado para ejecutar el proyecto. La Fiscalía también reveló que esa empresa tenía la matricula cancelada desde 2015, es decir, que no existía para la fecha de la negociación.
En otro de los ítems del pliego de condiciones, se dijo que el contratista debía adquirir el servicio de 320 profesionales especializados en Humanidades y desarrollo humano, y de Comunicación social y periodismo para cubrir 80 grupos de estudiantes; sin embargo, fueron contratados solo cuatro personas a quienes presuntamente le cancelaron 80 horas de trabajo cada uno por valor de 62 millones de pesos y las capacitaciones fueron dictados por los auxiliares logísticos y administrativos dirigidos por dos coordinadores. El pago de los auxiliares resultó en igual medida, irregular, por cuanto no todos laboraron, algunos se les canceló menos de lo debido y otros más de lo debido.
“De un total de aparente 320 horas de trabajo se cancelaron 248 millones de pesos, cuando el acuerdo contractual era el presupuesto del pago a profesionales debía distribuirse en 320 personas; no obstante, el pago se dividió en tan solo cuatro personas”, precisó el fiscal del caso.
Todas las maniobras realizadas para lograr el pago de la administración municipal, quedó plasmado en documentación que fue presentada como soporte en el informe final, logrando así el pago del valor del contrato, menos las deducciones, en un total de $570 millones 78 mil 242 pesos, por lo que funcionarios del Municipio habrían permitido que el particular se apropiara de $376 millones 766 mil pesos, cuando de todo lo ejecutado, el valor real a cancelar sería de tan solo $193 millones 312 mil pesos.
