Exalcaldesa (e) de Becerril fue condenada por no construir casas prometidas

El Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar profirió sentido de fallo condenatorio contra la exalcaldesa del municipio de Becerril, Yaneth Sáenz Fuentes, quien en el año 2009, prometió construir 300 casas, pero no cumplió, además de apropiarse de recursos del erario público. 

Por ello la Fiscalía Quinta seccional le imputó los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos, mientras que le precluyó el delito de falsedad ideológica en documentos públicos. 

De acuerdo con la investigación para la construcción de las viviendas la administración municipal suscribió el convenio Nº 011 del 8 de mayo de ese mismo año, con la Fundación para el Trabajo y el Desarrollo Comunitario FUNSOC, por un valor cercano a los $1.000 millones, en el cual esta última solo iba a aportar el lote donde se iban a construir las casas. 

Una de las principales falencias que halló tanto la Contraloría General de la República como la Fiscalía fue que el convenio fue otorgado ‘a dedo’, es decir bajo modalidad de contratación directa obviando la licitación pública. 

También hallaron que al contrato le cambiaron el interventor externo asignando uno de la misma Fundación, pese a que esta figura debe ser independiente al contratista y contratante. 

“Se estableció que el lote de terreno donde debía construir las viviendas, se encontraban invadidas, por lo que la Fundación no estaba cumpliendo con lo acordado, así que iniciada la obra el 28 de agosto de 2009, fue necesario la suspensión el 31 de agosto de 2009 con la utilización de la falsificación de la firma del interventor, ello, con el ánimo de anotar cláusulas favorables al contratista, como la renuncia a la declaratoria de incumplimiento de contrato ni hacerle efectiva la cláusula de caducidad”, dijo la Fiscalía.

También los organismos de control indicaron que dentro del contrato hicieron ver que habían comprado materiales de construcción en una ferretería llamada ‘Franklin’, por un valor de $396 millones, pero al verificar esto no era cierto. 

“El municipio de Becerril se ha visto afectado por la suscripción del convenio que no solo causó no solo un detrimento patrimonial sino que 300 familias se vieron afectadas al no desarrollarse debida forma como lo prometió la administración municipal”, dijo el fiscal del caso. 

Posterior al sentido del fallo, la defensa indicó que la decisión será apelada, mientras que el juez fijó la próxima audiencia el 7 de octubre cuando se conocerá los años de prisión a pagar a la exmandataria.