‘Empeñando’ la sobretasa de recaudo ambiental autorizaron crédito de $65.000 millones en Corpocesar

Para lograr acceder a un crédito de $65.000 millones, a fin de adelantar el proyecto de recuperación ambiental del río Cesar, que está en la mira de la Procuraduría, la directora de la Corporación Autónoma Regional, Corpocesar, Yolanda Martínez Manjarrez, fue autorizada por el consejo directivo de la entidad, para que pignorara hasta en un 50% los recaudos de la sobretasa ambiental, y hasta en un 80% la tasa retributiva. 

Así quedó contemplado en el acuerdo 007 del 10 de agosto de 2021 de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,  que autorizó a la funcionaria a adelantar un crédito público por $65.000  millones, después de un estudio para su capacidad de endeudamiento, con el fin de implementar acciones integrales para la recuperación del ecosistema y como un soporte para su reactivación.  

Dicho acuerdo se encuentra en verificación por parte del Ministerio Público, que inició acciones preventivas sobre el empréstito, tras recibir denuncias de la Veeduría Ciudadana ‘Manos Limpias’, sobre una presunta sobrestimación de la contratación y de la ejecución presupuestal por parte de Corpocesar. 

En tal sentido, el Ministerio Público le solicitó a la directora de Corpocesar, Yolanda Martínez Manjarrez, el plan de ejecución, viabilidad y necesidades del proyecto para la recuperación ambiental del ecosistema natural del río Cesar, debido a las posibles irregularidades en el desarrollo de la operación financiera del objeto del contrato. 

La Procuraduría informó que en busca de defender el patrimonio público y los derechos fundamentales, sociales y económicos en el departamento, inició acciones preventivas para esclarecer las denuncias presentadas a través de la veeduría ciudadana. 

La veeduría ciudadana informó que Corpocesar, al parecer gestionó la operación financiera para la ejecución del proyecto por $70.000 millones, con el aval del consejo directivo de la entidad, lo cual, según la denuncia, excede además, lo establecido en el acuerdo y, presuntamente una solicitud carente de estudios y requerimientos previos.