El riesgo de gobernar por consulta popular: improvisación y costos innecesarios
“Las decisiones estratégicas se toman con visión y conocimiento, no con improvisación”
El Gobierno Nacional, ante el estancamiento de sus reformas laboral y de salud en el Congreso, ha anunciado la convocatoria a una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre estas iniciativas. Este mecanismo, que requiere la aprobación del Senado y una participación mínima del 33% del censo electoral, implica un gasto significativo de recursos públicos.
Como abogado y empresario con amplia experiencia en el sector público y privado, considero que someter reformas de gran calado a una consulta popular sin el debido debate técnico y consenso es una muestra de improvisación que puede tener consecuencias negativas para la economía y la estabilidad del país.
La historia reciente nos muestra que iniciativas similares han fracasado por falta de participación ciudadana, como ocurrió con la consulta anticorrupción de 2018, que no alcanzó el umbral necesario para su aprobación. Además, destinar entre 500 y 700 mil millones de pesos a una consulta de este tipo representa un gasto considerable que podría invertirse en sectores prioritarios como educación, salud e infraestructura.
Las reformas estructurales deben construirse con base en estudios técnicos, diálogo con todos los actores involucrados y una visión de largo plazo que garantice su viabilidad y sostenibilidad. Recurrir a mecanismos de participación directa sin la preparación adecuada puede generar más incertidumbre y afectar la confianza en las instituciones.
Es fundamental que el Gobierno y el Congreso retomen el camino del diálogo y la concertación para avanzar en las reformas que el país necesita, evitando soluciones apresuradas que, lejos de resolver los problemas, puedan agravarlos.
Cristian Torres DLR
