Contraloría también inicia acciones preventivas por millonario crédito en Corpocesar

La Contraloría General de la República, al igual que la Procuraduría, también inició acciones preventivas ante las denuncias sobre presuntas irregularidades de un crédito por $65.000 millones por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, para ejecutar un proyecto de recuperación ambiental del río Cesar. 

La veeduría ciudadana ‘Manos Limpias’ advirtió sobre un una presunta sobrestimación de la contratación y de la ejecución presupuestal por parte de Corpocesar, lo que activó las acciones preventivas de los organismos de control.  

En tal sentido, la Contraloría solicitó a la corporación informar detalles sobre dicho crédito, como con cuál entidad financiera lo realizaría, condiciones del mismo, cómo va a ser la inversión de los recursos y estado actual de la gestión.  

Además, pidió información sobre el estado de los procesos ambientales sancionatorios adelantados por Corpocesar en el periodo 2016 a la fecha, que se relacionen con afectaciones del río Cesar.  

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ya había iniciado acciones preventivas de vigilancia y seguimiento al crédito. El Ministerio Público le solicitó a la directora de Corpocesar, Yolanda Martínez Manjarrez, el plan de ejecución, viabilidad y necesidades del proyecto para la recuperación ambiental del ecosistema natural del río Cesar, debido a las posibles irregularidades en el desarrollo de la operación financiera del objeto del contrato.   

La Procuraduría informó que en busca de defender el patrimonio público y los derechos fundamentales, sociales y económicos en el departamento, inició acciones preventivas para esclarecer las denuncias presentadas a través de la veeduría ciudadana.   

Por tanto, el ente de control adelanta la verificación del Acuerdo 007 de 10 de agosto de 2021 de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,  que autorizó a la funcionaria a adelantar un crédito público por $65.000  millones, después de un estudio para su capacidad de endeudamiento, con el fin de implementar acciones integrales para la recuperación del ecosistema y como un soporte para su reactivación, para lo cual se pignorarían hasta en 50% los recaudos de la sobretasa ambiental y el 80% de la tasa retributiva, lo que dejaría prácticamente ‘empeñados’ los ingresos de la entidad.