Condenan a siete implicados en el ‘Cartel de las pensiones’
El Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar condenó a Sandra Patricia González Atencio, Mario Alberto Alarcón Pabón, Rolando José Vargas Russo, Patricio García De Caro, Calin Alberto Acosta Cabarcas, Oswaldo Díaz Rodríguez y a María Carolina Ovalle García, por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y cohecho por dar u ofrecer, al estar implicados en el llamado ‘Cartel de las pensiones’.
Cabe señalar que estas personas aceptaron su participación por tanto tuvieron una rebaja de hasta el 50 % de la pena impuesta, que oscila entre los 2 y cuatro años y medio de prisión.
Estos hechos fueron de conocimiento por la Fiscalía en abril de 2016, cuando de manera anónima recibió un escrito en el que indicaban que en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar se elaboraban a cambio de dinero dictámenes de pérdida de capacidad laboral, con el propósito de que de trabajadores de las compañías mineras como carbones del Cerrejón, Drummond y Prodeco y empleados de entidades públicas obtuvieran prematura e ilegítimamente la pensión de invalidez.
En el escrito se decía que el diagnóstico más común era de naturaleza psiquiátrica.
“Una vez tuvo conocimiento de esta situación la Fiscalía General de la Nación desarrolló un plan metodológico a partir del cual se desarrollaron actividades por parte de agentes encubiertos, se interceptaron los números telefónicos de las personas que presuntamente se encontraban vinculadas con estas irregularidades y es así como se pudo establecer la participación de estos ciudadanos en el proceso de valoración médica de una serie de patologías cuya base fáctica muestra una baja y en algunos casos insuficiente concordancia con las condiciones clínicas que fueron objeto de consideración por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar y a partir de allí se obtuvo el reconocimiento de pensiones de invalidez”, se lee en el fallo de la sentencia.
Asimismo el Juzgado señaló que, “De esta manera se tramitó el reconocimiento de la afectación de pólizas de seguros de vida; así como la satisfacción de obligaciones crediticias adquiridas de manera dolosa por quienes acudían a los servicios de las personas que habían conformado una organización que a partir de actos de corrupción afectó bienes jurídicos como la seguridad pública, la administración pública así como la recta y eficaz administración de justicia”.
En este sentido Sandra Patricia González, Atencio, Rolando José Vargas Russo, Patricio García de Caro y María Carolina Ovalle García, fueron condenados a 28 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir, mismo tiempo que tendrán inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas. Estos quedaron en libertad, al no ser considerados un peligro para la sociedad.
En relación a Mario Alberto Alarcón Pabón y Calin Alberto Acosta, fueron procesados por los delitos de cohecho por dar y ofrecer, condenados a una pena de 46 meses de prisión, multa de 80 salarios mínimos vigentes e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el 10 años. También quedaron el libertad.
En el caso de Oswaldo Díaz Rodríguez fue condenado por concierto para delinquir y fraude procesal, con una pena de prisión de 113 meses de prisión y multa de 250 salarios mínimos vigentes e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 8 años; cobijado con prisión domiciliaria.
