La JEP abrió investigación a senadora de Cambio Radical por parapolítica
La actual senadora de Cambio Radical Daira de Jesús Galvis fue llamada a rendir su versión, por parte de La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, debido a sus supuestos lazos con la parapolítica. Fue ella misma quien, en el 2019, solicitó a esa entidad el sometimiento a la jurisdicción especial en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La senadora, destaca ese ente, deberá hacer “un relato preciso de los hechos del conflicto que pretende revelar a cambio del beneficio de acceso a esta jurisdicción especial”. La diligencia, entonces, se realizará el viernes 22 de julio.
Fue durante el año 2019 que la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación a la senadora Galvis por parapolítica. El ente acusador aseguró que la mujer, supuestamente, tuvo vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Tal y como se lee en el expediente, ese colectivo ilegal la habrían ayudado para alcanzar sus aspiraciones políticas. La mujer, recientemente, aspiro de nuevo al senado pero no logró la curul. Galvis obtuvo 49.619 votos. Será la JEP la encargada de aceptar o rechazar el sometimiento de la funcionaria a su normativa, en caso de ser rechazado, su caso tendrá que continuar bajo el trámite en la justicia ordinaria.
La senadora, en septiembre del año pasado, se vio involucrada en el caso de corrupción del Ministerio de las TIC. Luego de ser denunciada por parte de diferentes veedurías ciudadanas, la Sala De Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra ella y otros tres senadores. Los cuatro funcionarios eran acusados de hacer esfuerzos para que no se caducara el polémico contrato entre el Ministerio TIC y la Unión Temporal Centros Poblados. Además de Galvis Méndez, resultaron envueltos en el caso Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín y Mauricio Gómez Amín. Una de las denuncias fue presentada por Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común; y la otra por Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia RED VER.
Daira de Jesús Galvis, de acuerdo con lo expuesto en su biografía, es abogada, egresada de la Universidad del Atlántico y de la Universidad de Cartagena, ejercitante en Derecho Penal y Criminología por 30 años, con Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia.
En un diálogo con Noticias Caracol, Katherine Miranda destacó que al menos cinco congresistas tenían la tarea de evitar que el contrato con Centros Poblados caducará, por lo cual habrían recibido dineros. Detalló que la función de estos senadores era “primero, presionar a la ministra para que no caducara el contrato y para que lo cediera; y segundo, en la votación de la moción de censura, para que muchos se retiraran y así no prosperara la misma”, reveló al noticiero.
“¡Bienvenida la investigación! Una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos. Será otro show más de medios. De 9 investigaciones que tengo, 7 son producto de locura y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi familia”, reaccionó Benedetti a la decisión de la Corte.
Según Miranda, 20 mil millones de pesos, de los 70 mil que se dieron de anticipo en el negocio irregular, fueron usados en gastos que no tenían nada que ver con el objetivo del contrato, el cual era comprar los insumos de tecnología que requería el proyecto. “A los congresistas les está prohibido gestionar o tramitar en nombre propio o ajeno asuntos ante entidades públicas durante el ejercicio de sus funciones, lo que se convierte en una incompatibilidad, la cual está estipulada en el artículo 181 de nuestra Carta Política”, explicó, en su momento, el abogado Saúl Villar Jiménez. Con Infobae
