19 julio, 2024
Mundo

Fiscalía regional chilena abre dos investigaciones por el caso ‘Democracia Viva’

La Fiscalía Regional del Bío Bío (Chile) informó este martes que “por iniciativa propia” abrió dos investigaciones orientadas a “establecer la presunta existencia de delitos en los traspasos de recursos públicos hacia determinadas fundaciones”, en el contexto del caso ‘Democracia Viva’.

Según se lee en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la primera pesquisa se enfocará en la búsqueda de “eventuales irregularidades en los aportes recibidos por la fundación Urbanismo Social por parte del Servicio de Urbanismo (SERVIU)”.

Entretanto, la segunda indagatoria buscará esclarecer presuntas entregas ilícitas de dinero público, administrado por el gobierno regional, a la Organización no Gubernamental Red Cultivarte.

Las causas estarán radicadas en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional, a cargo de la fiscal anticorrupción María José Aguayo.
El caso Democracia Viva

El pasado mes de junio, el medio Timeline, de la región de Antofagasta, reveló que Carlos Contreras, un funcionario de la secretaría regional de vivienda y supuestamente afiliado al partido Revolución Democrática (RD), entregó fondos públicos por unos 530.000 dólares a la Fundación Democracia Viva, asociada con la misma organización política y representada legalmente por Daniel Andrade.

Aparentemente, los recursos debían destinarse a mejorar las condiciones de asentamientos precarios en una zona que padece de graves problemas de vivienda. Las irregularidades en esos trámites impulsaron a la Fiscalía a iniciar una investigación por los delitos de tráfico de influencias, fraude al fisco y malversación de fondos públicos.

RD es uno de los principales partidos de la coalición del presidente Gabriel Boric. Lo encabeza el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, amigo del mandatario desde sus tiempos universitarios.
Sin “festival de renuncias”

El escándalo motivó la dimisión de Contreras y tanto él como Andrade –expareja de la diputada regional Catalina Pérez y funcionaria del Ministerio de Defensa– fueron expulsados de RD.

También, a pedido de Boric, fue destituida Tatiana Rojas, una alta gerente del ministerio de Vivienda que supuestamente estaba al corriente de las anomalías con Democracia Viva y no informó a su superior, el ministro Carlos Montes.

En una intervención pública, el mandatario asevero que su gestión no tolerará “esa clase de situaciones”. Aseguró que cooperará con las autoridades y subrayó que no pondrá “las manos en el fuego por nadie”. Empero, advirtió a la oposición que no se producirá “el festival de renuncias” que demandaron.
Las consecuencias del escándalo

La trama entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva afectó sensiblemente la credibilidad del Gobierno chileno para hacer frente a la corrupción, como lo reconoció este martes la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

“Ha sido muy fuerte para nosotros, como Gobierno, y por sobre todas las cosas, porque se suma como un elemento más donde se pierde credibilidad en las instituciones”, dijo Vallejo en una entrevista con la cadena local Teletrece.

A las indagatorias de la Fiscalía se añadió la creación de una comisión parlamentaria para investigar a todas las organizaciones sin fines de lucro que recibieron recursos de la cartera de Vivienda, refiere una nota del prensa del Congreso. Con RT

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