21 mayo, 2024
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Cuestionan la política de seguridad y paz de Gustavo Petro tras fracaso de cese al fuego con el Clan del Golfo

Los bloqueos, ataques una misión médica y el hostigamiento a una unidad militar en el Bajo Cauca llevaron al presidente Gustavo Petro a suspender el cese al fuego que había decretado con el Clan del Golfo. La decisión recibió el respaldo de sus aliados políticos, mientras que la oposición le reprochó haber firmado esa tregua con una banda criminal.

“A partir de este momento no hay cese al fuego con el clan del golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”, anunció el mandatario en la noche del 19 de marzo. Un paso clave en la política de Paz Total que sumó apoyos y cuestionamientos por parte de diferentes sectores políticos.

“Es evidente que el Clan del Golfo se estaba pasando por el forro el cese al fuego bilateral que el Gobierno había declarado en búsqueda de la Paz Total. El Estado debe ser contundente a la hora de enfrentar a todas las organizaciones al margen de la ley. ¡No podemos doblegarnos!”, señaló el senador liberal Mauricio Gómez Amín.

Las bancadas del Gobierno respaldaron la decisión del presidente de retomar las operaciones militares en contra de las AGC y buscar retomar el orden público en el Bajo Cauca. Algunos aplaudieron que se combata a los grupos que no acepten ser parte de la política de paz del Gobierno.

Catherine Juvinao señaló que mientras no se implemente una política de regulación del problema global de las drogas, los grupos narcotraficantes van a hacerle trampas a la paz. Incluso solicitó que Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, sea retirado del cargo.

“El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, es insostenible en su cargo. El gobierno aún está a tiempo de tomar los correctivos y rodearse de un equipo verdaderamente idóneo y competente para liderar un nuevo proceso de paz. El actual no lo es. Es una realidad tozuda”, señaló la representante del partido Alianza Verde.

Desde la oposición encontraron una justificación a las múltiples críticas que habían formulado por la declaratoria de ceses al fuego, que el presidente había firmado para allanar el camino de los acercamientos y buscar alivios a la violencia en las zonas más afectadas por la guerra, pero que los contradictores consideraban como una paralización de la fuerza pública.

“Nunca hubo cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo. El único que suspendió operaciones militares fue el Estado Colombiano, por orden de Petro. La mayor irresponsabilidad al dejar a la población civil indefensa durante tanto tiempo. Hoy vemos los desastrosos resultados”, sostuvo el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

“Nunca hubo cese al fuego; actúe y garantice la seguridad de los colombianos. ¡La seguridad NO es guerra! No le de miedo”, señaló el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid. Juan Espinal, del mismo partido, solicitó incluso el retiro de la ley de sometimiento que es la única opción a las AGC, porque “más que demostrado que con bandidos no se debe negociar”, sostuvo.

“Recula tardíamente el Gobierno nacional y queda en evidencia que está improvisando en materia de seguridad. El supuesto cese al fuego bilateral del presidente Petro no era tal. Era un cese unilateral en el que nuestra fuerza pública tenía que quedarse cruzada de brazos mientras el Clan del Golfo se fortalecía”, aseguró el representante Andrés Forero.

No todo fueron críticas desde la oposición, para el senador David Luna, de Cambio Radical, la decisión de Petro fue acertada y oportuna. “Ese es un grupo narcotraficante que ha bañado el país en sangre y que no tenía vocación de paz. Lo único que le interesa es que su negocio del narcotráfico pueda seguir existiendo y funcionando. A nuestra fuerza pública y a nuestra policía no se le puede tener atado de manos”, sostuvo.

El Gobierno nacional había firmado el cese al fuego con ese grupo armado desde inicio de año, sin la definición de protocolos de verificación conocidos. El 6 de marzo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (como se autodenominan y son reconocidas por la presidencia) había señalado que estaban dispuestas a continuar en la Paz Total y nombrar voceros para avanzar en los diálogos.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que información de inteligencia indicaba sin lugar a duda que la organización ilegal estaba detrás del paro minero en el Bajo Cauca, donde ocurrieron dos violaciones al cese al fuego determinantes. El 12 de marzo fueron quemadas dos ambulancias de una misión médica a la zona, que fue anunciada por el presidente como un rompimiento, y un posterior ataque con fusil a una patrulla de la Policía que detonaron en la decisión de suspender el cese al fuego. Con Infobae

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